Wifi público y gratis, pero muy limitado.

 

Wifi público y gratuito sí, pero con condiciones.

Para los operadores privados de telecomunicaciones, no es papel de las administraciones prestar estos servicios, pero los municipios defienden que hacen un servicio útil para los ciudadanos.

Entre los corsés al wifi público, se prohíbe ofrecer una velocidad de conexión competitiva. La Audiencia Nacional hizo pública una sentencia que certifica que los organismos públicos que ofrezcan este servicio deben estar sometidos a las mismas condiciones que los operadores privados. 

Ante las intenciones de varias Administraciones y organismos públicos de ofrecer acceso a Internet a sus ciudadanos, la CMT aprobó en agosto de 2010 una circular en la que estableció las condiciones que estos debían de cumplir para prestar ese servicio. Y la principal era una rebaja importante en su calidad.

Mientras que los principales operadores (Telefónica, Orange, Ono...) ofrecen paquetes básicos con velocidades de bajada de 10 megabytes por segundo en adelante, las redes inalámbricas, gratuitas y abiertas que pongan en marcha las Administraciones no pueden superar los 256 kilobytes por segundo, una velocidad tecnológicamente obsoleta.

Sus repetidores y enrutadores, además, no pueden estar enfocados hacia edificios residenciales, lo que facilitaría la entrada de particulares. Por último, en cualquier caso, deben notificar antes su instalación al regulador para estar sometidos a su control.